Ante la serie de irregularidades que se han venido dado dentro de la causa penal 3130/2023/Puebla, donde socios del Club Britania-Zavaleta demandaron por fraude específico de 6 millones 918 mil pesos, y encubrimiento, a los integrantes del Consejo de Administración, periodo 2016-2018, presidente Manuel González Tapia, tesorero Mario Magaña Muñoz y comisario Guillermo Hidalgo Mena, apelan la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes para que no haya injerencia de funcionarios durante el litigio.
Los socios afectados enviaron una carta al Ejecutivo del Estado –copia que obtuvo este tecleador-, donde narran de manera sucinta los acontecimientos que se han dado al interior del club.
Veamos la narrativa.
Al cambio de administración del Consejo Directivo del Club, se detectaron una serie de irregularidades que, a criterio del agente del Ministerio Público, configuran el ilícito de una “administración fraudulenta”, cometido por Manuel González, Mario Magaña y Guillermo Hidalgo.
Ello, porque al realizar un procedimiento de licitación y ejecución de la obra “alberca techada”… se realizó sin el conocimiento y aprobación de los accionistas, lo que viola los estatutos que rigen al Club Britania-Zavaleta.
Además, González Tapia, Magaña Muñoz e Hidalgo Mena, sometieron a concurso una obra que aún no contaba con el proyecto ejecutivo completo al faltarle el estudio de mecánica de suelo, el proyecto estructural y el catálogo de conceptos.
Pese a lo anterior, el presidente, tesorero y comisario firmaron dos contratos, uno el 15 de diciembre de 2016 por 8 millones 837 mil pesos, más IVA; y un segundo, 9 de mayo de 2017, por un millón 288 mil pesos.
Y resulta que el agente del Ministerio Público al ejecutar la indagatoria, vía peritos, encontraron un sobrecosto de la obra por 2 millones 792 mil pesos, lo que conlleva un detrimento patrimonial de 4 millones 126 mil pesos.
Aunado a pagos excesivos en la excavación de la alberca, baños, área de cámara de recuperación, concreto de cuarto de máquinas, acero en trincheras y volúmenes de acarreos en áreas que no se excavaron.
Un ejemplo más que emblemático, es el caso de los vestidores que se encuentran arriba del cuarto de máquinas.
Lo anterior motivó judicialización de la Carpeta de Investigación, citándose a los imputados para audiencia de formulación de cargos el 4 de octubre de 2023, la cual se difirió al 27 del mismo mes.
DEMANDAN AL GOBERNADOR QUE NO INTERVENGA
Pero…
Resulta que no se llevó a cabo por argucias de los imputados, quienes se jactan que “no se celebraría en virtud que tienen el apoyo de un integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, mismo que tiene una hermana en la Fiscalía General del Estado.
Porque, de ser cierto, los socios demandantes –se omite sus nombres-, en la carta entregada al mandatario, le reiteran su intervención para que no se dé injerencia alguna en el curso del litigio.
Pero sobre todo, intromisión con el Juez de Control, Daniel Baltazar Ávalos, quien presidirá hoy la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de los imputados.
Remata la carta:
“Señor gobernador, nuestra finalidad no es exhibir a nadie, sino que sabedores de su compromiso con la legalidad, le solicitamos atentamente ordene al Consejero Jurídico que, en caso de ser cierto, ordene al servidor público involucrado… deje de intervenir en un asunto que compete únicamente a los socios del club, o en su caso a la Fiscalía y los imputados”.
Por cierto,
¿Qué tanta influencia tiene en la Consejería el extesorero del club Britania-Zavaleta, Mario Magaña Muñoz?
¿En realidad ordena, manda y manotea?
¿Qué sigue?
Porque esta historia apenas inicia.
Al tiempo.
