Con el objetivo de visibilizar la violencia económica que niñas, niños y adolescentes viven en el estado de Puebla, a través del incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias por parte de sus progenitores, el Frente Poblano de Mujeres contra Deudores Alimentarios acompañadas del colectivo Madres Viviendo Violencia Vicaria, instaló un Tendedero de Deudores Alimentarios en el Bulevar 5 de mayo en la zona del barrio de Analco de la Ciudad de Puebla.
Mediante este ejercicio de acción ciudadana, esta colectiva integrada por madres que exigen justicia para sus hijas e hijos, busca concientizar a la sociedad sobre la persistencia de la violencia económica como un medio de control que los progenitores ejercen, afectando tanto a las infancias como a las mujeres.
Actualmente, el FPMCDA tiene registrados más de 150 casos denunciados que representan mas de 200 menores de edad afectados, sin embargo, advierte la existencia de muchos más casos pues según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, más de 60 de cada 100 madres autónomas no recibe aportación para el mantenimiento del hogar por parte de su expareja.
Según la información recabada por esta colectiva, la mayoría de los deudores radican en el municipio de Puebla, aunque registran casos de municipios como Atlixco, Ciudad Serdán, Cholula, San salvador el Seco, Cuautlancingo, Amozoc, Tepeaca, entre otros; en promedio estos progenitores llevan más de 7 años incumpliendo con sus obligaciones y algunos nunca han aportado para la manutención de sus hijas e hijos, situación que no solo se debe a la irresponsabilidad de los hombres denunciados sino al elevado retraso en la resolución de las denuncias y demandas, lo que además constituye un acto de violencia institucional.
Las madres denunciantes indican que, además de incumplir con la pensión alimenticia, estos hombres ejercen violencia psicológica, física y emocional pues manipulan, amenazan, se esconden con ayuda de familiares y amistades que les encubren, renuncian a sus empleos, ocultan ingresos o propiedades, falsean domicilios; empresarios, comerciantes, empleados, funcionarios públicos, profesores, integrantes de partidos políticos y organismos sociales, son algunas de las características que pueden leerse en las lonas y carteles.
La colectiva también ejemplifica que, además de enfrentar la violencia ejercida por los progenitores, se ven obligadas a enfrentar violencia simbólica, comunitaria y digital, al ser presas de insultos y críticas ofensivas pues persisten muchos estereotipos alrededor de las mujeres que crían y cuidan solas de sus hijas e hijos, lo cual lejos de contribuir a garantizar los derechos de las infancias y el interés superior de la niñez, construye un muro de protección para los violentadores.
Por otro lado, al acto acude también la colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria pues la violencia económica está fuertemente vinculada con la violencia vicaria ya que, en un intento por evadir el pago de las pensiones y continuar controlando a las madres, los deudores acuden a solicitar la custodia de las y los menores de edad, apoyándose en evidencia manipulada o construyendo falsas acusaciones, por lo que piden a las y los juzgadores atender todos los caso con perspectiva de género y considerar la posibilidad de estar ante un caso de esta forma de violencia.
En su pronunciamiento, las madres voceras del movimiento, hicieron un llamado particular al Diputado Eduardo Castillo López presidente del Congreso del Estado y de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para dar celeridad a la discusión de la iniciativa denominada Ley Sabina, turnada a la comisión que preside ya que es imperativa su aprobación y las consecuentes adecuaciones estructurales para que todas las medidas que contempla entren en vigor y se garantice la obligación alimentaria, incluido el Registro Estatal de Deudores. Así mismo, urgieron a todas las y los integrantes del Congreso del Estado a revisar, discutir, adecuar y aprobar todo instrumento normativo que contribuya a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de una pensión alimenticia integral y digna así como a vivir una vida libre de violencia. De igual forma, exigen a las autoridades e instituciones, implementar una serie de medidas para no revictimizar a quienes viven esta violencia, así como garantizar los derechos de las infancias y el interés superior de la niñez. Así mismo, hacen un llamado a la sociedad, las empresas y empleadores, familiares y amistades de estos violentadores a no continuar protegiendo o solapando sus acciones pues ello perjudica el bienestar de cientos de niñas y niños.
