Los ganadores de concesiones de centros de verificación, otorgadas mediante una licitación pública, tienen un plazo de seis meses para instalarlos en Puebla, según la convocatoria de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, expuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal refirió que, mediante un estudio técnico, la dependencia decidirá la fecha de la nueva convocatoria para la asignación de las concesiones que quedaron pendientes en el último concurso, debido a que los interesados no cumplieron con todos los requisitos y porque en algunos municipios no hubo participantes.
“Tienen seis meses ellos para instalar los verificentros, de acuerdo con la convocatoria emitida, tendrá que ser un estudio técnico de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la que defina el momento de la emisión de la convocatoria de los verificentros que no fueron asignados”, dijo.
PRESENTARÁ GOBIERNO ESTATAL PROPUESTA PARA EVITAR CONTROLES POLÍTICOS A TRAVÉS DE ENTREGA DE CONCESIONES
Por otro lado, el gobernador anunció que, para evitar controles políticos a través de bienes del dominio público, el gobierno estatal presentará una propuesta para que las concesiones que las autoridades otorguen en Puebla no excedan la mitad del periodo de las siguientes administraciones, a fin de que estas puedan revisarlas y definir o no la continuidad de estos permisos.
Sentenció que, a diferencia del pasado, su administración no abusa ni persigue a los presidentes municipales; sin embargo, refirió que no dejará de señalar aquellas acciones ilegales en prejuicio de las y los poblanos.
En tanto, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Palafox Galeana, refirió que todos los actos jurídicos generan derechos y obligaciones, las cuales, tratándose de actos de autoridad, deben estar regulados por el interés colectivo y en apego a la ley. En ese sentido, explicó que el artículo 57 de la Constitución señala que es facultad del Congreso autorizar la enajenación de bienes inmuebles del Estado o municipios, así como aprobar sus respectivos contratos cuando tengan una duración mayor al periodo por el que fueron elegidas las autoridades interesadas.
