Es usual que al final de cada año, hagamos un balance de nuestros logros y desaciertos, que sirvan para elaborar un pliego de nuevos propósitos para el año que comenzará.
Y, seguramente, este 2020 dejará mucho que pensar y repensar, tanto en lo individual como en lo colectivo; posiblemente al reflexionar en el tema que nos ocupa en esta columna semanal, nos daremos cuenta que el objetivo primordial de los derechos humanos, consiste en que los seres humanos vivan con dignidad; y no se ha podido alcanzar y ha quedado evidenciado que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la justicia, el derecho al trabajo entre otros; no son garantizados por el estado.
La pandemia de COVID-19, puso a prueba los sistemas de salud; dejando al descubierto la limitada infraestructura hospitalaria, la insuficiencia de medicamentos, la insuficiente plantilla de personal de salud para atender a los pacientes, dando como resultado en todo el mundo, más de 71 millones de contagios y 1.6 millones de fallecidos y en el caso de México, alrededor de 1,229.339 contagiados y más de 113 mil fallecidos, que a la fecha está lejos de acabar.
En materia educativa, la COVID-19, dejo ver las limitaciones que se tienen para hacer efectivo el derecho a la educación, establecido en el artículo 3º constitucional, debido a que se tuvo que implementar una modalidad de clases por televisión y a distancia en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, atendiendo a una población escolar de más de 30 millones de alumnos, dejando en rezago a estudiantes que no cuentan con dispositivos electrónicos e internet, y que seguramente muchos casos formarán parte de la estadística de deserción escolar en años posteriores, con lo cual, se deberá replantear la política educativa en México, tomando de referencia algunos modelos exitosos como el uruguayo, el japonés o el canadiense; hacer el internet de acceso público y con cobertura en todo el país, mejorar la infraestructura de las escuelas públicas y promover el préstamo de dispositivos electrónicos para estudiar en casa, entre otros.
En materia de acceso a la justicia, establecido en el artículo 17º constitucional, el coronavirus también dejó ver un sistema de justicia deficiente; desde que inició el confinamiento en México, hubo un incremento en el número de denuncias por violencia familiar, maltrato infantil y violencia contra la mujer, que deben obligar a los órganos judiciales a mejorar los servicios en administración de justicia, y para lograr ese cometido deben contratar más personal y capacitarlo, mejorar los espacios de atención, adquirir equipos de cómputo de última generación, así como vehículos para que el personal de los juzgados realice emplazamientos, notificaciones e inspecciones. La pandemia ha generado un rezago en el desahogo de los procedimientos, es necesario que todos los tribunales cuenten con una plataforma de expediente electrónico, que eficiente su actuación, garantice el acceso a la justicia y que inhiba la corrupción.
En materia laborar, la pandemia ha incrementado los despidos, el cierre de comercios, de empresas. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social sean perdido más de un millón de empleos durante el confinamiento y se ha dejado en estado de indefensión a la clase trabajadora, al no poder demandar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje los despidos injustificados, debido a que muchas a lo largo y lo ancho del país, cerraron sus puertas por brotes de COVID-19.
El año 2020, y la COVID-19, nos ha dejado heridas que no sanarán fácilmente, por la pérdidas de familiares y amigos, sin embargo, también nos dejan enseñanzas como: dejar de ser individualistas y ser más solidarios, preocuparnos no solo por nuestra salud, sino por la salud de los demás, asimismo, los gobiernos están obligados a garantizar los derechos humanos, por lo que debe ajustar sus programas de acción en materia económica, educativa, laboral, de salud, de acceso a la justicia, entre otros; para eso los ciudadanos les hemos dado un mandato. ¡Y, en caso de que no puedan, que renuncien!
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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