En sesión pública de la Comisión Permanente, el diputado Marcelo García Almaguer presentó una Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para reconocer el deber de abstención de ejercer cargos parlamentarios cuando exista un conflicto de interés.
Durante la presentación de la Iniciativa, el diputado señaló que el objetivo es establecer una disposición explícita y concreta para impedir que cualquier diputada asuma la titularidad de una Comisión, si tiene o le sobreviene un conflicto de interés.
Con estas acciones “se busca fortalecer la disposición en términos de la ética parlamentaria, así como garantizar los requisitos de objetividad e imparcialidad en la actividad del Congreso, evitando que se utilicen las Comisiones para favorecer agendas y objetivos personales”, puntualizó el legislador.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución correspondiente.
En otros puntos del orden del día, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz presentó una Iniciativa de Decreto para la creación de la Ley de Colegiación y Certificación de Abogados e Impartición de Justicia del Estado de Puebla.
El objetivo, explicó la diputada, es garantizar que los Colegios de Abogados cumplan con los requisitos indispensables y que los mismos que pretendan tutelar judicialmente a los ciudadanos sean miembros de estos colegios, que permita mantener a los postulantes preparados para atender las necesidades de impartición de justicia que requiere las y los ciudadanos.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su dictaminación procedente.
Asimismo, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz presentó una Iniciativa de Decreto reforma la fracción I del artículo 2153 del Código Civil para el Estado de Puebla, con la finalidad de adecuar el lenguaje y cerrar la brecha de interpretación personal en la Ley, adecuándolas a las necesidades del siglo XXI.
Durante la exposición de la Iniciativa, la diputada señaló la necesidad adecuar los ordenamientos legales para que sen interpretados de manera correcta, y eliminar ciertas lagunas que hacen que se vea la Ley de una manera subjetiva, cerrando la brecha de la interpretación personal, así como eliminar los términos de “diligencia personal” y “buen padre de familia”, que dejan demasiada amplitud a la interpretación, puntualizó.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
En más del orden del día, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó la Iniciativa de Decreto para reformar los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de poner al alcance de los pueblos y comunidades indígenas una justicia pronta y expedita a través de agentes subalternos bilingües, que dominen las lenguas originales.
En este sentido, la diputada Tonantzin Fernández resaltó la necesidad de dotar a los primeros actuantes, encargados de impartir el procedimiento de mediación y justicia, con un oficial subalterno bilingüe para garantizar el derecho humano a una adecuada impartición de justicia en su idioma originario.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz presentó la Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Puebla, que pretende implementar la depuración procesal para contribuir a garantizar el derecho a una justicia pronta y expedita.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.
Por otra parte, el diputado Miguel Trujillo de Ita presentó la Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 10 y adicionar la fracción VII de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con la finalidad de adicionar el concepto de violencia política en la Ley.
En este sentido, el diputado señalo que la violencia política constituye una violación a los derechos humanos y una ofensa a la desigualdad humana, que revela la discriminación y el uso de estereotipos y la violencia contra las mujeres.
Miguel Trujillo señaló la necesidad de trabajar y legislar en una correcta integración democrática de las mujeres, que permita a mujeres y hombres contar con la misma oportunidad de ocupar puestos públicos y garantizar los mismos derechos políticos y electorales, que son fundamentales para consolidar la democracia en el país.
La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Igualdad de Género para su estudio y dictaminación procedente.
