La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en estricto apego a derecho que la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional. Por desgracia, y a pesar de que la resolución es jurídicamente impecable, vemos repetirse los injustos ataques al Poder Judicial por parte de quienes quisieran verlo sometido a la voluntad del Ejecutivo, tal y como acontecía en el viejo régimen.
El amparo se estableció como medida de protección frente a los abusos del poder público, una figura fundamental de nuestra democracia para hacer valer la supremacía constitucional y sean resarcidos los derechos conculcados. Eso fue lo que atestiguamos con el fallo en comento.
Por supuesto que es legítimo disentir del sentido del fallo y las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres expusieron sus razonamientos con absoluta libertad. Lo que es inadmisible es que, siendo parte del máximo tribunal del país, desconozcan la Ley de Amparo y nieguen el voto de calidad que tiene el presidente de la Sala en caso de empate, siendo que el ministro Javier Laynez se excusó de la discusión, tal y como lo prevé el artículo 56.
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Reconocemos la valentía de los ministros José María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, los cuales hicieron valer la Constitución, no obstante las fuertes presiones que de manera abierta y embozada recibieron. Eso nos recuerda la importancia de la división de poderes y la necesidad de defenderla frente al restaurado hiperpresidencialismo autoritario.
Sabemos que seguirán las agresiones promovidas desde lo más alto del poder político contra la independencia judicial, pero la Corte no está sola y los ciudadanos respaldamos el ejercicio libre de sus atribuciones constitucionales, las cuales resultan indispensables para evitar el despotismo.
