La reserva de prácticamente todo el expediente de la investigación en contra del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, es desproporcional y viola el derecho a la información de la sociedad.
Contrario a lo hecho por la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda reserva de la información debe ir con una prueba de daño emitida mediante acuerdo por un comité de transparencia, que funde y motive la decisión.
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Esta prueba debe demostrar que la divulgación puede causar un perjuicio real a un objetivo legítimo y que los perjuicios son mayores a los beneficios que genere su divulgación. Por ello, debe establecer que existen elementos objetivos que permitan confirmar la reserva, precisando las razones objetivas por las que la apertura de la información genera una afectación.
La autoridad sí puede reservar la información correspondiente a la etapa de investigación en la que el Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ésta se trata de fragmentos del expediente y no de su totalidad.
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Previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que no se puede reservar una averiguación previa de manera general. Se debe analizar casuísticamente todo el documento para ponderar qué información debe reservarse y por qué motivos.
La versión pública del expediente del caso no obedece a un análisis acorde a la ley por parte de un comité de transparencia. Así, el testado se hizo de forma genérica y discrecional negando el acceso a un documento de interés público.
Por ello, en el caso contra Cienfuegos es mayor el beneficio que el perjuicio para la rendición de cuentas.De ahí la importancia de la autonomía del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ya que es crucial para limitar prácticas discrecionales y determinar qué información debe ser reservada y cuál no, con enfoque de derechos humanos.