Con el banderazo de salida dominical a los precandidatos a la Presidencia de México -4 corcholatas y 2 de “relleno”- arranca, a la vez, la “temporada de caza” que conlleva la divulgación de “Expedientes X” de algunos suspirantes que anhelan llegar a Palacio Nacional en 2024.
Casualmente tres de ellos tienen algún cadáver
en sus respectivos clósets.
Claudia Sheinbaum Pardo y su “Expediente X” de la Línea 12 del Metro, accidente que desembocó en tragedia con 26 muertos en mayo 2021; y choque de trenes en marzo 2020 y enero 2023.
Ricardo Monreal Ávila carga “Expediente X” con presunto enriquecimiento cuando gobernó Zacatecas, donde su esposa, hijas y hermanos poseen mil 400 hectáreas de tierras de cultivo, 4 ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales, que suman 46 propiedades.
Y Marcelo Ebrard Casaubon posee dos “Expedientes X”: Construcción Línea 12 del Metro y dos averiguaciones en la extinta Procuraduría General de la República, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF- que denunció una “red financiera de constructoras y el involucramiento del hasta ayer Secretario de Relaciones Exteriores, como de sus exesposas y hermanos.
El periódico ContraLínea, que dirige el periodista Miguel Badillo, documentó un trabajo de investigación que derivó en encontrar que a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF denunció el ilícito ante la PGR, el cual finalmente la institución determinó “como no ejercicio de la acción penal”.
La información de esa red financiera, que la UIF calificó bajo un esquema de corrupción y presunto lavado de dinero, forma parte de un amplio expediente hasta ahora desconocido e integrado en dos averiguaciones previas: SEIDF/CGI/013/15 y SEIDF/CGI/002/2016, las cuales fueron abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación Delitos Federales –SEIDF-, y cuya denuncia penal es UIF-2015.
A pesar de la información documental y testimonial recabada por la UIF y la SEIDF, en el último año de la Presidencia de Peña Nieto… la PGR determinó “el no ejercicio de la acción penal”.
El –entonces- encargado del Despacho de la PGR, Alberto Alías Beltrán, quien tiene dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República –FGR-,
(FED/UEA/UNAI-CDMX-43/2019 y FED/FECC/FECC-CDMX/215/2021) por delitos de enriquecimiento ilícito y peculado; o sea, funcionarios de la PGR que determinaron “cerrar el expediente” de la familia Ebrard… ahora son acusados de corrupción.
EBRARD NEGÓ RESPONDER
A CONTRALÍNEA
Antes de publicar la investigación periodística y para darle el mismo espacio, ContraLínea contactó el área de Prensa del Canciller y de su equipo de asesores. A los largo de estos meses se programó la entrevista, pero al llegar a su oficina el día acordado, se les informó que Marcelo Ebrard sólo recibiría al reportero, por lo que el equipo de trabajo de audio y video no pudo entrar.
Ya en la oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, “Ebrard declinó contestar las preguntas relacionadas con su participación en esa red financiera de empresas que triangularon cientos de millones de pesos y de cómo éstas, al mismo tiempo, fueron beneficiadas con concesiones y permisos de construcción durante su administración en la jefatura de Gobierno” del extinto Distrito Federal –hoy CDMX-
En el encuentro el reportero le expuso que los documentos señalan que las mismas constructoras “entregaron departamentos de lujo a sus exesposas, hermanos y amigos” en la zona residencial de Santa Fe en la Ciudad de México.
“Molesto, Ebrard se limitó a responder que la acusación en su contra era una venganza de Enrique Peña Nieto, porque éste lo responsabilizó de haber filtrado información a la prensa sobre propiedades del expresidente y de su exesposa Angélica Rivera”.
Dijo, que por “esa persecución de Peña, él y su familia tuvieron que huir del país y refugiarse en París, donde estuvo hasta que cerraron el expediente que nunca fue consignado a un juez federal”.
-El reportero- le insistió de la grave acusación en su contra por los datos precisos que contenían los expedientes, independiente que fueron desestimados por el Ministerio Público Federal y se cerrara el expediente, pues involucraba directamente a su familia y empresas en delitos de presunto lavado de dinero y corrupción.
Marcelo Ebrard dijo que de “eso no hablaría y argumentó que ya la PGR había cerrado el caso al considerar que no había elementos y por eso determinó el “no ejercicio de la acción penal”.
-El reportero- le explicó que era necesario, porque uno de los aspirantes a ser Presidente de México, por el partido Morena, debía explicar su participación y la de su familia en dicha red financiera.
También le preguntó si consideraba que la información recabada por la autoridad era falsa, entonces que explicara “porqué sus hermanos y exesposas poseían lujosas viviendas edificadas por las mismas constructoras beneficiadas con concesiones y permisos, que el mismo Ebrard les otorgó cuando fue jefe de Gobierno”.
Como respuesta, Ebrard pidió que fuera su abogado personal quien aclarara las acusaciones, que en su momento le hizo la Unidad de Inteligencia Financiera.
El abogado del Canciller fijó fecha, hora y lugar de la entrevista periodística. Al llegar los reporteros de ContraLínea se enteraron que estaría un Notario Público para dar fe de la misma.
Instaladas cámaras y micrófonos, intervino el Notario Público para exigir a los periodistas que concluida la entrevista se debería entregar copia del audio y video grabados, la transcripción completa de lo que allí se dijera; y tomaron fotografías de identificaciones de camarógrafos y reporteros.
Ante este absurdo y arbitrariedades, los periodistas rechazaron la petición, explicándole que el material que se generara en la entrevista es propiedad exclusiva de ContraLínea; y que exigencia del Notario era inaceptable.
Al tiempo.
