La situación de pobreza en nuestro país se ha incrementado debido a varios factores, entre ellos: la crisis financiera que golpea al mundo hace varios años, la pandemia de COVID-19, las desigualdades en el sistema educativo, el desempleo, los bajos ingresos salariales, la escasez en servicios de salud, vivienda, agua y crecimiento demográfico, entre otros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha señalado que México sería el país con el mayor impacto en términos de pobreza extrema, derivado de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, pues México tendría un incremento de 4.8 puntos porcentuales de los niveles de pobreza extrema, en comparación con el año 2019, es decir; que pasaría de 11.1 por ciento a 15.9 por ciento de la población en esta situación.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que son un poco más de 15.7 millones de adultos sin empleo en México a causa de la pandemia de Covid-19, además, que en el 30.4% de los hogares, algún integrante perdió su trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria y en el 65.1% de las viviendas los ingresos han disminuido durante la contingencia; sobre las personas que han conservado su empleo, INEGI estima que el 23.5% ha trabajado desde casa, de estas, el 70% cuenta con el equipo necesario, el 84% tiene las condiciones necesarias de seguridad e higiene y solo el 27% ha tomado cursos de capacitación para trabajar.
Esta crisis, golpea con mayor dureza a las mujeres, a la niñez, a las personas senectas, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, que en su gran mayoría son pobres, a la comunidad LGBTTTIQ, a los refugiados y a los migrantes; impidiendo la mejora de su bienestar humano, fundamental para el goce de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, al que cada individuo y todos los pueblos deberían tener acceso.
En sentido estricto, todos tenemos “el derecho humano al desarrollo”, que doctrinariamente ha sido considerado como un derecho de tercera generación, pero que es interdependiente a los demás derechos humanos y para su goce como un proceso que envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, social y político de todos los individuos y pueblos. El derecho al desarrollo, pronostica el goce de todos los derechos humanos, es decir; los derechos civiles, políticos y sociales, así como también el goce de la más amplia libertad y dignidad de cada ser humano.
La plena realización del derecho al desarrollo constituye una necesidad vital, no solo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados. El principal responsable del derecho al desarrollo es el Estado, a quien le corresponde crear las condiciones favorables para el desarrollo de los pueblos y los individuos, tal como lo establece el artículo 2.3 de la Declaración al Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986.
Ante el aumento de pobreza y extrema pobreza en nuestro país, la administración pública federal y los gobiernos estatales deben evitar gastar los recursos en la difusión de sus logros, festejos nacionales, cambio de nombres a dependencia públicas, rótulos de patrullas, al igual que los organismos autónomos como lo es el Instituto Nacional Electoral, entre otros tantos; debería recortar los presupuestos destinados para los siguientes procesos electorales; con la finalidad de aplicar esos recursos, en ejecución de políticas de desarrollo nacional adecuadas, para mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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