La inseguridad, la violencia, la indignación, el autoritarismo, las crisis económicas, la corrupción y la inaplicabilidad de la ley, son algunas causas de las manifestaciones sociales en nuestro país, y muchas de esas expresiones sociales, han dejado una herida abierta en México, como lo son: el movimiento de 1968, en el que cientos de estudiantes fueron brutalmente asesinados cuando se manifestaban en el barrio de Tlatelolco, el ataque paramilitar del 10 de junio de 1971 en el D.F, en el que 70 jóvenes murieron; la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, en el que un grupo paramilitar asesinó a 18 menores de edad y 27 adultos, la tortura a decenas de mujeres en Atenco en mayo de 2006, los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y las protestas de mujeres que hace unos días fueron encapsuladas por la policía de la CDMX, cuando se manifestaban y que desafortunadamente, están siendo descalificadas como mujeres que quieren atacar o afectar al Estado.
*El encapsulamiento es una técnica riesgosa porque se crea un ambiente claustrofóbico y genera pánico, provocando reacciones incontroladas.
En todos esos casos, el Estado, se ha excedido en uso de la fuerza por lo que, es urgente crear un protocolo único de actuación policial, basado en principios internacionales de derechos humanos y publicitarlo para que toda la población lo conozca.
Asimismo, los cuerpos policiales deben ser capacitados de manera permanente en talleres y clínica de los derechos humanos, y se deben someter constantes evaluaciones de confianza, los equipos tácticos de los cuerpos policiales deben contar con videocámaras que transmitan en tiempo real la actuación policial. No hay otra alternativa para recuperar la confianza de la ciudadanía, la transparencia y una adecuada rendición de cuentas, es una herramienta esencial, sin dejar de lado lo más importante, que es la aplicación correcta de las normas jurídicas vigentes.
Los elementos de SSP y policía de investigación de la FGJ, en la medida en que se les concede hacer cumplir la ley, o sea, la facultad de usar la fuerza y armas de fuego, es decir “el monopolio de la fuerza” por parte del Estado, deben tener en cuenta que llevan consigo obligaciones y responsabilidades, en particular, con respecto a los derechos humanos, que puedan verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentes están obligados a respetar y proteger; deben tener muy presente que al intentar repeler o detener a ciudadanos que protestan en la vía pública, los coloca en una posición de ventaja, pues cuentan con armas, escudos, chalecos y todo un equipo dotado por el Estado para realizar sus tareas. Se debe tener presente por parte del gobierno, los mandos y los cuerpos policiales, que la confianza que reciben de la población, corre peligro, cuando se hace uso de la fuerza y de armas de fuego de manera excesiva, arbitraria, abusiva o ilícita. Es así, que debe ser llamado personal de las Comisiones de Derechos Humanos en calidad de observadores, en todos los actos de protesta ciudadana, en los que, intervengan personal de la SSP y FGJ.
Las protestas públicas no deben ser inhibidas por ningún gobierno, debido a que son parte importante de la democracia que se vive en nuestro país y en cualquier parte del mundo.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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