Amables lectores, ¡les saludo con el gusto de siempre! Las caravanas de inmigrantes de Centro y Sudamérica siguen cruzando por el sur de México, en busca de mejores condiciones de vida, desafortunadamente se han encontrado con personal del Instituto de Migración que no cuenta con la profesionalización que se requiere, así como la escasa participación de las autoridades auxiliares en materia de migración que establece la Ley de la materia en los artículos del 26 al 30, tales como: El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Estatales DIF.
Y por si fuera poco, una Guardia Nacional, que no cuenta o no aplica protocolos para dar un trato apropiado a las mujeres y niños migrantes.
El flujo de inmigrantes es el resultado del fracaso de las políticas económicas, de seguridad y los altos niveles de corrupción en sus países de origen, no podemos responsabilizarlos ni mucho menos criminalizarlos, hay que entender que están luchando por su sobrevivencia, la pobreza en muchos casos no es opcional. Asimismo, el flujo de niñas y niños migrantes no acompañadas que se dirigen hacia Estados Unidos, ha visto un aumento significativo. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en abril de 2019 fueron presentados ante la instancia migratoria 6 mil 842 niñas y niños; en tanto que en el mismo mes pero de 2018 ese número fue de 2 mil 596, además en abril de 2019 los infantes, provenientes de Honduras, alcanzaron un porcentaje de 57 por ciento; Guatemala, 29 por ciento y El Salvador, 9 por ciento.
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios, han declarado de manera inequívoca que, si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción.
Por lo anterior, se debe dar observancia a los instrumentos de protección por parte del Sistema Universal de Derechos Humanos como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y particularmente, la Declaración y el Programa de Acción de Durban que fueron adoptados por consenso en la Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, celebrada en 2001, en Durban Sudáfrica, y armonizar estos instrumentos con sus políticas domésticas de inmigración, afín de eliminar todas las prácticas discriminatorias contra los migrantes. Asimismo, considero se deben observar los objetivos que establece el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; acordado por los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, el 13 de julio del 2018, y que urge su aprobación y por citar algunos: contribuir para minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional, mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como, la reintegración sostenible y fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para una migración segura, ordenada y regular.
“Según las normas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del Estado, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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